20.07.2013 11:39
Andrés Tovar.- Este viernes, el
Ministro de Industrias,
Ricardo Menéndez,
anunció la captura del empresario Yamal Mustafá por su presunta vinculación con las irregularidades ocurridas en la
CVG Ferrominera Orinoco C.A., durante la gestión del ex presidente
Radwan Sabbagh, quien también está detenido.
Mustafá es un conocido empresario de la zona de Guayana. Es uno de los representantes de la empresa americana
Muszam Investment INC. Además es dueño de un periódico local,
Primicia, y de empresas vinculadas a la distribución de
alimento preparado y de
cestatiquet, así como construcción, electricidad, entre otras.
Recientemente fue noticia en los diarios regionales de Guayana pues había señalado que estaba demandando al presidente del
Bloque de Prensa de Venezuela y representante de la SIP y dueño del diario
Correo del Caroní,
David Natera Febres y al diputado de Bolívar,
Andrés Velásquez por la campaña inclemente que según él tenían estos en su contra al denunciarlo como parte de una red de extorsión en el estado.
En los diarios guayaneses se le ha denominado como uno de los líderes del "
Cartel del Hierro", calificativo que han usado en referencia a varios ex directivos de
Ferrominera del Orinoco vinculados a presuntos casos de corrupción.
Mustafá fue detenido en la tarde de este jueves 18 de julio cuando se encontraba almorzando en el
club Caronoco de Ferrominera Orinoco, en
Puerto Ordaz, funcionarios del ministerio público y de los tribunales, procedieron a detenerlo y a trasladarlo hasta la unidad 51 de Contrainteligencia del
DIM en
Ciudad Bolívar. Allí está recluido también el expresidente de Ferrominera Orinoco,
Radwan Sabbagh, por el mismo caso.
Según información publicada por el
diario El Fortín de Guayana, en el expediente que levantó el DIM por el caso de extorsión y de corrupción en Ferrominera Orinoco, en su declaración,
Mustafá admitió que en cuentas que tenía en el exterior, por instrucciones del coronel jefe del DIM en Guayana,
Juan Carlos Álvarez Dionisi, donde se depositaba dinero que el funcionario del DIM, le cobraba a los empresarios y funcionarios de
Ferrominera Orinoco para que no fueran investigados por las irregularidades que se cometían y que significaron más de mil millones de dólares en daños patrimoniales.